Un joven de 24 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Palma por tenencia de material audiovisual con contenido de pornografía infantil, después de subir unos 400 archivos pedófilos que enviaba a una conocida red social. El joven utilizó hasta siete terminales móviles, por lo que se tuvo que centrar la investigación en los dispositivos utilizados y posteriormente descartar los desechados o vendidos a otras personas

En un escenario geopolítico cada vez más tenso, Rusia ha elevado el tono de sus amenazas contra Occidente, poniendo en el punto de mira la infraestructura crítica de comunicaciones global. Esta nueva estrategia de presión no solo pone en riesgo la estabilidad de internet, y sus cables submarinos, y los sistemas GPS, sino que también podría tener consecuencias devastadoras para la economía mundial y la seguridad internacional.

Durante el verano, es común ver que nuestros contactos en redes sociales comparten fotos y vídeos de sus hijos, sobrinos o niños y niñas disfrutando de la playa o la piscina. Incluso podemos ser nosotros los que publicamos un estado en WhatsApp o un TikTok con los más pequeños de la familia o los hijos de nuestros amigos. (...) Sin embargo, lo que publicamos en internet fácilmente puede escapar a nuestro control y dejar marca en la huella digital de los menores.

En las últimas semanas, a raíz de las campañas de odio derivadas de los bulos racistas sobre la autoría de crímenes cometidos por españoles o europeos que le eran adjudicados a la población magrebí, se ha despertado el debate latente sobre el anonimato en las redes.

¿Hay multas? Sí. Por si quedasen dudas, el Ayuntamiento de Vigo se ha encargado de recordarlo. En un comunicado publicado en su web oficial, el Gobierno de Abel Caballero precisa que usos de cortavientos como los que se han visto en los últimos días en Samil están "prohibidos" por la ordenanza de 2021 que regula el uso de las playas. E insiste: "Las multas por el uso de estos dispositivos se sitúa entre los 751 y 1.500 euros". Para evitar sorpresas desagradables, la Policía Local se acercó ayer por la mañana al arenal para advertir a los bañist

El Ayuntamiento de Alicante actuará contra el conocido youtuber Nil Ojeda por la campaña publicitaria en la que incitaba a los jóvenes a fingir ahogamientos en distintas playas de Alicante. Un reto viral que, según reconoció la concejala de Turismo, "puso en jaque" a los servicios de salvamento de la ciudad. El departamento jurídico del Consistorio concluye que la acción puede ser constitutiva de un delito de simulación de peligro, recogido en el artículo 561 del Código Penal.

Una enfermera de la residencia gaditana Cruz Roja San Fernando organizaba carreras de sillas de ruedas en plena pandemia del coronavirus. Concretamente, en abril de 2020. Además, las subía a sus cuentas personales de TikTok y de Instagram. La profesional sanitaria perdió su trabajo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado el despido disciplinario. En su carta de despido, la empresa le trasladó que esta actitud era absolutamente improcedente y destacó el daño a la imagen de la residencia.

En lugar de quejarse de la falta de colaboración por parte de las plataformas deben ser conscientes de que cuentan con instrumentos suficientes como para reprimir este tipo de delitos. Alvise Pérez, por ejemplo, ha sido absuelto de todas las denuncias que le han presentado. Por lo tanto, es lógico que se sienta impune. Como se sienten los dirigentes de Vox, o los representantes de Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos y semejantes asociaciones que se van de rositas cuando publican comentarios y difunden mensajes claramente de odio

Pese a la enorme preocupación que existe actualmente en torno al uso de las pantallas por parte de los menores y sus efectos negativos, lo cierto es que niños y niñas comienzan su relación con el entorno digital mucho antes de tener siquiera capacidad de desearlo. Según el estudio que realizó la firma de seguridad informática AVG en diferentes países, el 23 % de los menores tenía presencia en internet antes de nacer y el 81 % antes de cumplir seis meses. En España, una encuesta realizada entre padres y madres de niños y niñas de 9 a 17 años.

Las posibles medidas para atajar los ataques xenófobos como los surgidos a raíz del asesinato en Mocejón implicarían atravesar un laberinto que toca derechos fundamentales como la libertad de expresión, así como lograr la colaboración de las multinacionales.

El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto modificar el Código Penal para que se pueda prohibir el acceso a Internet o a redes sociales a quienes hayan utilizado estos canales para cometer delitos de odio. Esto es, a quienes promuevan o inciten directa o indirectamente a la discriminación de determinados colectivos vulnerables a través de la red.

La agrupación aspira, de esa forma, a que las islas repliquen un modelo que ya se está llevando a cabo en ciudades como Nueva York