UGT denuncia que los trabajadores llevan sin cobrar desde hace dos meses. Tan sólo quedan siete empleados de una plantilla de 20, lo que ha obligado a cerrar el local del Bulevar de Entrepeñas. En el de Bejanque ya no llegan suministros y se venden productos que no cumplen las más mínimas medidas de salubridad

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quedará constituido este jueces tras más de cinco años caducado. Los veinte vocales -diez propuestos por el PSOE y otros diez por el PP- prometerán o jurarán sus cargos ante el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela a las 11:00 horas y después el nuevo CGPJ celebrará su sesión constitutiva.

A principios del pasado mes de mayo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) alertó sobre la presencia en el mercado de varios productos encurtidos no aptos para consumo. En ese momento no se notifico la causa real que ocasionó la alerta. Ahora se ha hecho pública.

Una investigación lleva a una magistrada de la Audiencia Nacional a proponer que se juzgue a la mafia del atún, una "organización criminal" que se aprovechaba de la pesca furtiva para generar, y posteriormente blanquear, "cuantiosos" beneficios. El estado de las instalaciones donde se criaban y almacenaban los atunes era tan "pésimo" que su consumo representaba un "grave peligro para la salud pública de los consumidores". La magistrada María Tardón propone juzgar a 8 personas y 12 empresas, entre ellas el principal grupo exportador mundial.

Los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa han suscrito un voto particular en el que comparten con sus otros dos colegas de la minoría conservadora que el Tribunal Constitucional no solo debió desestimar los recursos de amparo de los cinco condenados de los ERE a los que la mayoría progresista ha amparado en el Pleno de esta semana, sino que se ha extralimitado en su función constitucional

El pasado 22 de diciembre acudieron a la residencia Mirasierra de Madrid (distrito Fuencarral-El Pardo) técnicos de la dirección general de Atención al Mayor y a la Dependencia para comprobar el cumplimiento del contrato que tiene la empresa OHL Servicios-Ingesan S.A. que gestiona este centro público.Allí se encontraron con que había alimentos cuya fecha de caducidad se había sobrepasado. En concreto, blísteres de salchichas Frankfurt que habían caducado un mes antes, el 7 de noviembre de 2023, y barras de salchichón vela que habían caducado

Los comienzos son más bajos: en 2024, el sueldo base para los jueces que inician su carrera es de 20.878,44 euros brutos anuales.Un magistrado del Tribunal Supremo con más experiencia puede ganar más de 4.000 euros mensuales. Las retribuciones de los miembros del Poder Judicial serán las siguientes. Presidente del CGPJ y Tribunal Supremo: Total anual: 151.186,20 Vocal del Consejo General del Poder Judicial: Total anual: 130.390,40 Secretario General del Consejo General del Poder Judicial: Total anual: 127.384,60

Coper comercializó productos cuando ya habían superado los 14 meses de la fecha de consumo preferente. La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una resolución del pasado mes de abril ha desestimado el recurso interpuesto por la Xunta contra la rebaja en las cuantías de tres sanciones impuestas a la empresa Comercial Pernas S.L (Coper), socio vigués de Atunlo en 2021 por comercializar pescado congelado que habían superado la fecha del consumo preferente hasta en 16 meses.

Fiasco en el juicio a los miembros de la banda motera de los Ángeles del Infierno que traficaban con marihuana y hachís desde Noreña y Oviedo. Ocho de los acusados han tenido que ser absueltos por la Audiencia Nacional debido a un flagrante error judicial. Un Juzgado de Siero tendría que haberles tomado declaración, en noviembre de 2016, cuando fueron detenidos, pero es que luego se dejó caducar la instrucción en julio de 2018, de forma que, cuando se les tomó declaración en 2019 ya no podían realizarse más diligencias de investigación.

Desde 1980, el cambio de horario ha sido una constante en la vida de los españoles, ajustando sus relojes en la transición de invierno a primavera, y viceversa, con el fin de aprovechar mejor las horas de luz y economizar energía. Sin embargo, este ritual semestral está a punto de llegar a su fin. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cambio de hora en España tiene sus días contados, estando previsto su último ajuste para el año 2026.

Se trata de la misma magistrada que en mayo de 2022 decidió inadmitir la denuncia que un abogado presentó contra Pablo Casado y Teodoro García Egea, precisamente, por un asunto relacionado con Isabel Díaz Ayuso: por revelar que su hermano Tomás había cobrado comisiones por intervenir en la compraventa de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a una empresa de un amigo de la familia.

La Junta de Andalucía adquirió en los primeros meses de pandemia mascarillas que estaban caducadas desde 2014. A día de hoy, la empresa proveedora del material sanitario no ha recibido ninguna sanción, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com. Se trata de tapabocas de la firma Suremask ConfortCover, que se repartieron en los centros de salud de la Axarquía (Málaga). Tal y como contaban los medios de comunicación en mayo de 2020, algún responsable de la entrega masiva tachó con rotulador negro la fecha de caducidad, que no pudo verse hasta...

No existen precedentes en la historia de los juicios con jurado celebrados en Ourense en los que un magistrado haya manifestado un criterio diferente al del tribunal popular. Los togados siempre han dictado sentencia tomando en consideración las conclusiones ciudadanas, pero por primera vez esto no ha sido así.

Un presunto testaferro del expresidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana ha citado a un magistrado del Tribunal Constitucional como testigo, en el juicio por el caso Erial. Un juicio en el que el exministro de Trabajo se enfrenta a diecinueve años de prisión por el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de la Inspección técnica de vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Sus dos supuestos testaferros afrontan una pena de ocho años de cárcel.