El pasado 13 de agosto cuatro vecinos de Carabanchel (Madrid) llegaron a Ginebra, tras un viaje de 19 días en bici, para denunciar ante la ONU la falta de médicos y las condiciones que hay en el Centro de Salud de Abrantes −en el distrito sur de la capital−. Tras reunirse con las instituciones, la valoración que hace Jorge Aranda, uno de los integrantes del periplo, es "positiva"

El Hospital General Mancha Centro ha dado un paso adelante en su búsqueda de la excelencia en la atención médica al incorporar el robot quirúrgico ROSA (Robotic Surgical Assistant) para asistir en la colocación de prótesis de rodilla. Esta tecnología de vanguardia se ha convertido en una herramienta imprescindible para mejorar la precisión y los resultados en las intervenciones quirúrgicas de esta índole.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor ha abierto una investigación para determinar la autoría de un ataque a un centro de menores inmigrantes de Cala Rajada. Varios desconocidos, que podría pertenecer a un clan gitano enfrentado con unos adolescentes argelinos, dispararon con una carabina de aire comprimido desde un coche en marcha, lo que obligó a evacuar las dependencias, que luego fueron clausuradas de forma provisional.

El recurso estaba gestionado por la Asociación Oportunidades de Vida, presidida por Rafael Hernández, responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias y acusado de explotación laboral por haber empleado supuestamente a menores migrantes en sus fincas de forma ilegal.

La sombra de la dictadura de Francisco Franco no ha desaparecido del ámbito educativo de la Región de Murcia, ya que varios centros contravienen la Ley de Memoria Democrática, polémica, para empezar, porque la derecha y ultraderecha no la reconocen y porque su aplicación es bastante flexible, según para qué administración y en qué territorio. El caso más sangrante es el del IES Ibáñez Martín, ministro franquista que culminó la depuración docente, mientras que otro recuerda a Primo de Rivera.

La infamia y el horror se cernían este viernes sobre el pueblo aragonés de Ateca, muy cercano a Calatayud (Zaragoza). El municipio, con alrededor de 1.700 habitantes, cerraba la semana con un suceso que conmocionaba a todos los vecinos: cinco trabajadores del Centro de Atención a Menores eran detenidos acusados de delitos contra la integridad moral, lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal.

El subjefe de la misión en Venezuela del Centro Carter, Patricio Ballados, dijo en la Entrevista DW que "un ataque vía internet es prácticamente imposible”, al referirse a las denuncias por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Ballados recalcó las “graves” irregularidades que se presentaron en el proceso electoral en Venezuela y subrayó que es “indispensable” que la autoridad electoral presente las actas de las mesas.

Son el director, dos educadores y dos auxiliares. La jueza ha decretado el cierre cautelar del centro de menores. Una jueza decreta el cierre cautelar de un centro de menores gestionado por la Fundación Salud y Comunidad. Según las investigaciones de la Guardia Civil, un menor sufrió “episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por determinados educadores que le habrían golpeado en el interior de una habitación, a la que habrían tapado la ventada de la puerta previamente y cerrado la misma con llave”.

María Jesús Álvarez, directora general de Igualdad: «Es muy preocupante el incremento del número de menores de edad que acuden al centro». Abierto en noviembre de 2020 y según los datos ofrecidos por el Principado, desde la inauguración hasta el 30 de junio de 2024, han contactado con el centro un total de 1005 personas, de las cuales 685 eran víctimas de algún tipo de violencia. De estas víctimas, 82 recibieron un apoyo ocasional al tratarse de otras manifestaciones de violencia y fueron derivadas a otras instituciones.

Alemania ha prohibido el Centro Islámico de Hamburgo (IZH) y sus suborganizaciones a escala nacional. Las fuerzas de seguridad están llevando a cabo registros en 53 propiedades en 8 estados federales. Esta medida se ha tomado al considerarse que se trata de una "organización islamista extremista" con objetivos anticonstitucionales. La ministra del interior ha dicho que "esta ideología islamista va dirigida contra la dignidad humana, contra los derechos de la mujer, contra un poder judicial independiente y contra nuestro Estado democrático"