El Pleno del Tribunal Supremo ha acordado este martes volver a la doctrina que establece que son los clientes, y no la banca, la que debe afrontar los gastos derivados del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. Según avanzan fuentes jurídicas a El Independiente, la decisión se ha adoptado por 15 votos a favor y 13 en contra en medio de una gran división del tribunal.
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