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El Real Madrid en el centro de una investigación por ayuda estatal ilegal [ENG] [84]

  1. #2 Al F.C. Barcelona no se le hizo ninguna recalificación de terreno tan descarada como las que se le han hecho al Real Madrid en repetidas ocasiones.

    En 1960, el Ayuntamiento de Madrid expropió una parcela de 141.961 metros cuadrados para que el Real Madrid tuviera un campo de entrenamiento. El club lo compró por 11.000.970 pesetas. El suelo siguió calificado como deportivo en los planes urbanísticos de 1963, 1985 y 1997. En 1987, Mendoza intentó, sin éxito, una recalificación. En 1997, Lorenzo Sanz volvió a la carga para edificar los terrenos y sólo obtuvo migajas. Tras negarle el permiso, el Ayuntamiento y la comunidad autónoma, ambas del PP, le compraron 30.000 metros por 4.500 millones de pesetas (27 millones de euros) para aliviar las cuentas del club. Aun así, la deuda del Madrid seguía galopando. Cuando en 2000 Florentino Pérez accedió al cargo gracias al fichaje de Figo, la cifró en 46.200 millones de pesetas (277 millones de euros).

    Con Pérez al frente todo cambió. Las puertas del Ayuntamiento se abrieron para el Madrid, pese a que el alcalde era el mismo que le había negado la operación a Sanz, José María Álvarez del Manzano. El club consiguió convertir en edificables los terrenos. En el barrio la edificabilidad es de 0,3 metros de pisos por cada metro cuadrado de suelo, pero el Ayuntamiento accedió a que el Madrid edificase 1,7 metros por metro cuadrado. Sólo el PSOE se opuso al acuerdo al considerarlo un pelotazo para el Madrid sin justificación y que la ciudad perdía con el acuerdo. Los socialistas afirman que el Ayuntamiento lleva ya gastados 200 millones en infraestructuras y accesos a las torres. Pero apenas hubo crítica o polémica.

    En sus cuentas, el Real Madrid reconoce "un beneficio extraordinario de 501.886.000 euros" por la operación. Aproximadamente lo mismo que se ha gastado en fichajes desde 2000. CiU denunció ante la Comisión Europea que el beneficio, que permitió al Madrid reflotarse, era una ayuda de Estado encubierta, pero la Comisión lo archivó. El convenio está recurrido ante el Tribunal Superior de Madrid.


    elpais.com/diario/2006/11/13/espana/1163372402_850215.html

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