Según la organización FACUA, la cliente contrató un servicio para usar datos de internet en Europa en 2015. La compañía no le informó de que sus megas contratados estaban a punto de agotarse, como marca la ley. La reclamante tendrá que pagar solo 68 euros. El Instituto Galego de Consumo ha emitido un laudo arbitral dando la razón a Dolores, y ordenando "anular toda cantidad hasta ajustar el precio que se ha de pasar al cobro a la reclamante: 68,61 euros, impuestos indirectos incluidos".
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