Tras la catástrofe, la empresa exigió a la Mancomunidad de Debabarrena la devolución de una fianza depositada como garantía de un contrato que no podía cumplir desde febrero del 2020. La gestora del vertedero había recibido cientos de miles de euros en contratos públicos de esta entidad pública. Otra de las entidades públicas que adjudicó contratos a Verter Recycling era la Mancomunidad de Debabarrena, entonces presidida por Arcadio Benítez, un exedil del PSE del Ayuntamiento de Eibar.
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