El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) funciona desde hace casi cuatro años con su mandato caducado, una situación que va camino de llegar hasta el final de la legislatura tras la negativa del PP de Alberto Núñez Feijóo a firmar una renovación cuya negociación estaba muy avanzada. Después de levantarse de la mesa por motivos como la presencia de Podemos en el proceso o de jueces de perfil progresista en las ternas de candidatos, el partido esgrime ahora la intención del Gobierno de modificar el delito de sedición por el que fueron condena
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