El impuesto a la banca, incluye una disposición, exigida por Junts y aceptada por PSOE y Sumar, que beneficia especialmente a las comunidades de Madrid y Cataluña y perjudica a otras, entre ellas la Comunitat Valenciana. Se trata de la forma en que se repartirá la recaudación de ese impuesto entre las Comunidades Autónomas, en función de su Producto Interior Bruto (PIB) y no de su población. Esta forma de reparto es regresiva, ya que se reparte en función de la riqueza de cada territorio, lo que acentúa las diferencias.