El gobierno de Boris Johnson planea introducir tres leyes que harán que resulte más fácil violar los derechos humanos. Estas leyes aumentarían la vigilancia policial y la capacidad de disolver protestas pacíficas, protegerían a las cloacas del estado británico impidiendo que sus delitos sean perseguidos, y debilitaría la capacidad del poder judicial para oponerse a decisiones ministeriales.
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