La Comunidad de Madrid era conocedora de que las obras de vivienda pública se estaban produciendo sobre dominio público hidráulico y la empresa concesionaria rechazó la oferta de la Confederación Hidrográfica del Tajo para reducir un 40% la multa si reconocía su responsabilidad. Las viviendas nunca podrán ser legalizadas, asegura el organismo público, y un nuevo oficio prueba que el Ejecutivo autonómico era conocedor de esta situación desde hace un año.
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