Los casos que se investigan en nuestro país sobre redes de tráfico de drogas y prostitución que explotan a menores tutelados se han convertido en el resorte para que las familias afectadas salgan a las calles a denunciar un sistema de protección a la infancia que, como señalan las organizaciones convocantes de una manifestación celebrada en Madrid, «demuestran que algo está muy podrido en los Servicios Sociales y la red privada de centros que se reparten miles de millones de euros de los fondos europeos».
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