La sentencia del más alto tribunal americano de derechos humanos sienta un histórico precedente a favor de las mujeres en El Salvador, un país en donde perder un embarazo se castiga como un homicidio. A Manuela le fue impuesta una pena de 30 años, la pena mínima prevista para el delito de homicidio agravado, que puede llegar hasta los 50 años.
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