Así lo plantea en una proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, registrada por las diputadas de En Comú Podem Aina Vidal y Laura López para instar a establecer un marco que deban cumplir entidades bancarias o empresas que aporten suministros básicos (agua, gas o electricidad) en la habilitación de la atención presencial.
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