El TSXG considera probado, al igual que lo hizo la Audiencia provincial de Lugo, que cuando ejerció de regidor, entre 2012 y 2015, suscribió contratos laborales temporales a varias personas "prescindiendo total y absolutamente de cualquier tipo de procedimiento que garantizase los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública".
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