La resolución establece 3 cuestiones relevantes. Una, que pone límites a la valoración de los méritos, algo sobre lo que ya existe jurisprudencia (también del Tribunal Constitucional). Dos, que se pueden impugnar indirectamente las bases de un concurso a través de los actos que las aplican. Y tres, y algo especialmente novedoso, que aquellos funcionarios que obtuvieron una plaza en concursos cuyas bases se declaren ilegales posteriormente podrán mantenerla, lo que implica que tendrá que crearse otras plazas para los perjudicados que recurrieron
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