Ante esta durísima realidad, es preciso que las Instituciones del Poder Judicial, y particularmente, el Ministerio Fiscal, no eludan sus responsabilidades -como han hecho hasta ahora- y que la ciudadanía celebre el día en que Juan Carlos I sea imputado y juzgado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Bajo el gravísimo riesgo, caso de no hacerlo, de incurrir en posibles conductas prevaricadoras.
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