En concreto, la denuncia detallaba la omisión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero en 2009, el abandono de dos represas de residuos mineros en medio del cauce del río, el potencial impacto sobre la actividad marisquera y la salud pública y la contaminación del agua con fuertes metales, superando en varias ocasiones los límites máximos permitidos de cadmio, cobre y zinc en el río, que desemboca 7 km aguas abajo en la Ría de Noia.
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