Veteranos comisarios de policía a las órdenes del Gobierno del PP comenzaron el 12 de septiembre de 2012 a elaborar informes anónimos salpicados de pruebas falsas para desacreditar con gruesas acusaciones de corrupción a los principales políticos independentistas, a varios editores de periódicos, a jueces y a fiscales de Cataluña.
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