En una democracia, la mejor legislación sobre la memoria, en singular, es la que no existe. La nueva ley allana la sustitución de los principios y valores que inspiraron la reconciliación entre los españoles y la transacción que hizo posible nuestra democracia, por un relato fabulado que se quiere imponer con los recursos del poder público a todos los ciudadanos, aboliendo sus memorias particulares y obstaculizando el conocimiento científico de nuestro pasado reciente.
