La norma recién aprobada, al igual que en 2007, soslaya las responsabilidades de la institución católica. Paqui Maqueda, del movimiento memorialista, cree la normativa facilita el "obstruccionismo" eclesial. El historiador Gutiérrez Molina destaca que la nueva norma omite que la Iglesia se benefició de trabajo esclavo.
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