El PP, convertido en “el bufete de abogados de la banca, de los fondos buitre, las socimis y los grandes propietarios”, quiere tumbar a través del Constitucional leyes que reducen el margen de beneficio de los intereses financieros e inmobiliarios.

Podemos considera que el sector socialista del Govern balear está siendo complaciente con los bancos y fondos buitres por lo que le exigen que meta más presión para hacerles cumplir la Ley de Vivienda aprobada en la pasada legislatura. En el trasfondo del malestar está el hecho de que el Govern ha dejado perder cerca de 700 pisos de grandes tenedores que estaban en el registro de viviendas vacías y que ya no están porque los bancos han preferido venderlos antes que cederlos al Govern para alquiler social.

El Gobierno ha modificado su propio real decreto-ley antidesahucios y exige ahora "violencia e intimidación" que para poder desalojar a los okupas. De esta forma, el Ejecutivo ha cambiado el artículo 1 bis de la normativa. El texto establece como requisito para expulsar a los usurpadores que "la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas".

El gobierno actualiza el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hasta el año 2022 incluido. Así lo anunció la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado 9 de Diciembre. También incluye fomento del alquiler y la rehabilitación como asuntos prioritarios. Entre las ayudas se incluye una destinada a los jóvenes (menores de 35 años) que quieran adquirir su vivienda en municipio y núcleos de población de menos de 5.000 habitantes.

Goldman Sachs y Azora pasan a la ofensiva contra la Comunidad de Madrid. La anulación de la venta de 3.000 viviendas sociales por parte de la Justicia ha abierto una brecha entre el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso y el banco de inversión al que el Ejecutivo de Ignacio González (PP) vendió en 2013.

Explicó a Martínez que la detención fue «una excusa»: «Se buscaban las cintas de Corinna»

El real decreto-ley para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional continúa siendo un fuerte motivo de conflicto, y cada vez más enconado, en el seno del Gobierno de coalición, con posturas enfrentadas que, en este momento, van a retrasar una semana más su aprobación en Consejo de Ministros. El punto más polémico de la negociación tiene que ver con una medida que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Economía: que el Estado compense a los propietarios de viviendas los impagos de los alquileres.

El juez investiga una vivienda adquirida por Carlos Fabra en una urbanización de lujo de Pozuelo de Alarcón con una empresa sin casi ingresos. El expresidente de la Diputación de Castelló vendió a su hija su participación mayoritaria en la empresa Carmacas S.L. con un sobrecoste del 4.723%. El juez que investiga al expresidente de la Diputación de Castellón y a su entorno familiar por el presunto "enmascaramiento" de su patrimonio, ha localizado bienes a nombre de los hijos del exdirigente del Partido Popular. | Más en #1

El problema de acceso a la vivienda ya está enquistado en Barcelona.

Tertulia sobre la situación político-social de la vivienda pública en España, con Pablo García Astrain (Director de Vivienda y Arquitectura del Gobierno Vasco), Daniel Morcillo (Urbanista y profesor en la UPM) y Fernando Landecho (arquitecto)

Quien primero movió ficha fue Iglesias, plantándose en los 'maitines' con Sánchez en Moncloa pidiendo la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional. Podemos también quiere ampliar el veto al corte de suministros básicos y el PSOE, de momento, no ha aceptado.

Se trata de una medida insistentemente reclamada por Unidas Podemos, una exigencia con la que incluso amenazó con desentenderse de la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2021 y que le llevó a firmar una enmienda conjunta con ERC y Bildu a las cuentas del Estado, y hacerlo a espaldas del socio mayoritario del Gobierno.

PP entrega a Vox 3 viviendas para “erasmus” en Majadahonda. Se han presentado más de 1700 personas, 234 de ellas son casos de extrema necesidad.

Extenso hilo en que se describe de qué manera se genera una burbuja inmobiliaria a través de los cambios legislativos y los beneficios directos a los grandes poseedores y a los fondos de inversión: "En 2012 el Gobierno de Rajoy modifica la ley para que los fondos buitre dejen de pagar impuestos en España (las conocidas SOCIMIs). Esta reforma lo que hace es aumentar de forma artificial la rentabilidad de los fondos buitre un 19%. Después, sin demanda ni necesidad social alguna, bajaron los alquileres de 5 años a 3".

El movimiento por la vivienda de Catalunya ha articulado el primer discurso contra las medidas restrictivas capaz de aglutinar malestar social y responder colectivamente a él con la mascarilla puesta, culminando unas protestas callejeras que empezaron en Bilbao convocadas por la ultraderecha y que se replicaron en todo el Estado.

La formación de Pablo Iglesias reclama compromisos en materia de la regulación de alquileres, y sobre mejoras del ingreso mínimo vital. El presidente del Gobierno anunció a las 10.00 a los presidentes autonómicos y a la presidenta de la Comisión Europea que el Consejo de Ministros del martes serviría para aprobar el anteproyecto de Cuentas Públicas.

Con motivo de la celebración de Octubre Urbano, Ecologistas en Acción denuncia las políticas urbanísticas que se han desarrollado durante la pandemia, y que han agudizado los problemas de un modelo de desarrollo que ya existía.