El real decreto-ley para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional continúa siendo un fuerte motivo de conflicto, y cada vez más enconado, en el seno del Gobierno de coalición, con posturas enfrentadas que, en este momento, van a retrasar una semana más su aprobación en Consejo de Ministros. El punto más polémico de la negociación tiene que ver con una medida que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Economía: que el Estado compense a los propietarios de viviendas los impagos de los alquileres.
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