La nueva denuncia contra 'Kichi', que declara en Cádiz, le acusa de permitir que un enviado de Podemos sin cargo alguno participara en contrataciones y gestiones

El juez que instruye la causa abierta por la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado a declarar el próximo lunes como investigados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, y al fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias, autor de la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha denunciado ahora por delitos de malversación al hermano del presidente del Gobierno.

Tiene mérito haber logrado, a base de abuso de la herramienta, que no esté nada claro si la imputación de la mujer del presidente ayudará a la derecha o animará al votante de izquierdas cansado de tramposos que no disimulan. Todo esto es un drama para el país, por supuesto, pero también un problema para los dueños de un cortijo construido sobre la idea socialmente aceptada de cierta neutralidad. En la derecha saben que el invento, útil tiempo atrás contra Podemos o los partidos independentistas, está dejando de funcionar.

El líder del PP carga contra el Gobierno en una comparecencia sin precedentes en Génova rodeado de casi todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional

"Los líderes de Podemos, Ada Colau o Mónica Oltra fueron objeto de investigaciones judiciales largas e injustificadas que influyeron en que perdieran las elecciones. Todas las acusaciones en su contra se archivaron sin necesidad siquiera de juicio, pero su reputación quedó dañada. Ahora sabemos que todo eso era solo un ensayo para operaciones de más envergadura dirigidas precisamente contra quienes entonces guardaron silencio. Un error terrible. Porque lo que está en juego no es la inocencia de nadie, sino la esencia misma del Estado de derecho

Tenemos jueces a los que se escucha porque hablan como jueces, pero con opiniones de ciudadanos y hay que diferenciar. El Poder Judicial no opina. Jueces vestidos de jueces, con sus togas, protestando en la puerta del juzgado contra una ley como la de amnistía. Ahí tenemos un precedente español pésimo: jueces a los que no les importa vestirse de jueces para hablar de política en la calle. Yo, personalmente, a un juez que, con su toga, opina de política lo sancionaría o lo expulsaría de la carrera,

El lawfare, o guerra jurídica, es uno de los términos que han marcado la actualidad política en España en las últimas semanas.

La coalición aprovecha la decisión del presidente del Gobierno para denunciar que a la exvicepresidenta se la "calumnió" en reiteradas ocasiones y reclama una condena a los usos "espurios" de la justicia.

La milicia togada, formada por jueces y funcionarios de los juzgados durante la guerra civil que combatieron al lado de los sublevados, constituyó la cúpula judicial franquista que no fue depurada en la democracia. La guerra judicial o lawfare contra la izquierda en España no es un fenómeno nuevo ni comenzó siquiera en el siglo XXI. Como huellas indelebles, en los archivos se encuentran los legajos de los juicios sumarísimos del franquismo que, bajo la justicia militar, sentenciaron a muerte a cientos de miles de personas en todo el país.

El sindicato Manos Limpias ha reconocido que su denuncia contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios se basa en informaciones periodísticas.

Artículo de opinión sobre el comunicado de Pedro Sánchez y la apertura de diligencias contra su mujer.

"La magistrada, víctima también de ‘lawfare’, analiza en El Tablero el papel del poder judicial, mediático y político en estas persecuciones y cómo atajar este problema democrático"

El presidente no puede seguir en el cargo tras haber reconocido que el ‘lawfare’ destroza la democracia española sin anunciar que actuará contra ello

El presidente del Gobierno aseguraba en su carta que el suyo era un caso de ‘lawfare’ “sin precedentes”. Lo cierto es que esta estrategia de judicializar la vida política se ha enraizado durante los últimos años y lo han sufrido políticas como Mónica Oltra, Victoria Rosell o Irene Montero.

Advierte a Sánchez que "no se atreva a tocar el Poder Judicial" y denuncia que está "minando el orden constitucional impunemente".

Preguntado por si personalmente apoya al presidente del Gobierno en este situación, ha respondido: "Mire, yo no me voy a expresar en esos términos porque es lo único que le falta". No obstante, ha añadido que él ha sufrido acoso"en primera persona y todavía están ahí, es decir, que no van a parar". Otegi ha afirmado que en el Estado español "se vendió" la acusación particular "como algo bueno" pero ocurre que hay "una asociación de extrema derecha que ha metido no sé cuántas querellas y no ha ganado ninguna". "Esto debería estar penalizado...

La denuncia, impulsada por figuras asociadas con la extrema derecha y con claras intenciones políticas, ha revelado no solo las tácticas agresivas empleadas por algunos sectores para atacar a oponentes políticos, sino también la vulnerabilidad de las personas en el ámbito público frente a acusaciones sin fundamento.

La estrategia judicial de la ultraderecha contra los políticos de izquierda sigue siempre el mismo guion: denuncias falsas o con poca entidad que suelen prosperar en los tribunales ante la complicidad de una judicatura conservadora y la inestimable colaboración de medios igualmente conservadores que le dan un amplio eco mediático al asunto.

La revelación del archivo de la causa madre contra los CDR hace dos años constata el comportamiento anómalo del juez. Dos de los investigados por terrorismo en el caso del Tsunami Democrático pidieron al juez Manuel García-Castellón el acceso a la totalidad de dos causas abiertas anteriormente en el mismo juzgado de la Audiencia española contra el independentismo y que permanecieron secretas durante cinco años. Querían saber qué se había hecho y quién había sido espiado durante todo este tiempo en las diligencias previas [...]