El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado la tribuna del Congreso de los Diputados para llamar a la gente a la movilización convocada por el PP para el próximo domingo. Una convocatoria que, a priori, carece de sentido habida cuenta de que el motivo principal sobre el papel era protestar contra la decisión de Pedro Sánchez tras haberse tomado éste cinco días de reflexión por la denuncia falsa contra su mujer, Begoña Gómez; y la amnistía

M.A. Sastre Uyá, diputado por Cádiz, acusado de entrar por "caciquismo" en Cibeles, y coordinador general de Nuevas Generaciones, fue el encargado de criticar la gestión de vivienda por parte del Ejecutivo Central en el Congreso de los Diputados. Sastre Uyá disfruta de dos pisos -uno heredado con 9 años- y recibía hasta hace bien poco una retribución anual de cerca de 62.000 € como personal eventual del Ayuntamiento de Madrid. No es negativo que con una situación totalmente diferente a la que defiende denuncie una injusticia, pero sí llamativo.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que su partido ha elaborado un listado de 100 preguntas sobre el llamado 'caso Koldo' y las incógnitas sobre las actividades de la esposa de Pedro Sánchez que remitirán al PSOE para que el jefe del Ejecutivo las conteste este miércoles en su comparecencia en el Pleno en la Cámara Baja.

Ningún grupo parlamentario ha mostrado su adhesión al texto durante el debate de este martes por la tarde en el pleno, más bien lo contrario: las críticas han sido unánimes

Minutos antes de que arrancara en la Cámara Alta el pleno por el que los populares impondrán su mayoría para aprobar el veto a esta norma -devolviéndola a la Cámara Baja para que el Gobierno y sus socios parlamentarios lo levanten y se apruebe definitivamente, los letrados del Congreso han vuelto a rechazar, a través de un informe jurídico, la nueva petición del Senado para anular anule la tramitación de la norma.

La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia ha citado para este lunes a la presidenta de la Cámara Baja y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y a dos ex altos cargos de aquel Ejecutivo regional, que pagó 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión --la empresa de la 'trama Koldo'-- por sus mascarillas.

Fue una de las primeras exigencias de la presidenta madrileña al inicio de la pandemia, coincidiendo en tiempo con las mascarillas de Tomás Díaz Ayuso

El Congreso de los Diputados investigará los contratos que la Junta de Andalucía realizó con Bidafarma, farmacéutica en la que trabaja con un cargo de alta responsabilidad Manuela Villena, esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta. La Junta de Andalucía otorgó sin concurso a Bidafarma la distribución de las vacunas del coronavirus y el reparto de 7,5 millones de mascarillas.

Yanis Varoufakis tenía previsto pronunciar un discurso en el Congreso Palestino de Berlín el viernes 12 de abril, cuando la policía alemana irrumpió en el lugar para disolver el acto al estilo de los años treinta. Juzguen ustedes mismos en qué tipo de sociedad se está convirtiendo Alemania cuando su policía prohíbe las siguientes palabras.

Una vez aprobada la ley de amnistía en el Congreso, pasará al Senado.

A la tercera debería ir la vencida. El pleno del Congreso ha aprobado este martes, por tercera vez en los últimos ocho años, la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para reformar la ley franquista de secretos oficiales. La proposición de ley del PNV ha salido adelante por 176 votos a favor y 169 en contra. Todos los grupos, salvo el PP y Vox, han aprobado el inicio de una tramitación que no le garantiza llegar a buen puerto.

La alcaldesa fue noticia hace casi tres años tras vivir un juicio rápido. Tal como contó este diario, la dirigente aceptó una pena de 960 euros de multa y ocho meses de retirada del permiso de conducir en un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Tras conocer la decisión judicial, el PSPV decidió abrir un expediente «para analizar lo sucedido en este caso y valorar las posibles repercusiones».