En el informe, los letrados señalan que la proposición de ley no supone un indulto general como la iniciativa que fue rechazada por la Mesa del Congreso en 2021.

Ana Botín, presidenta del Santander, lo propuso en 2020 y la primera región en anunciarla fue la Comunidad de Madrid, en septiembre de ese año. “Las subvenciones fiscales al ladrillo siempre se han absorbido y traducido en precios más altos de las viviendas." “Ese tipo de políticas se aplicaron en Reino Unido”. “Las consecuencias para empezar es que solo ayudan a gente que de todas formas ya pensaba comprar una vivienda. No da acceso a la vivienda en propiedad a gente que no se planteaba comprar. Esas personas siguen sin poder comprarlas."

Los jueces rechazan un recurso del partido ultraderechista contra la decisión de la Junta Electoral de avalar la suspensión de su cuenta durante ocho días poco antes de las elecciones catalanas de 2021 por un tuit racista sobre la población magrebí

Isabel Díaz Ayuso ha recurrido a un informe exprés elaborado por un subordinado de su Gobierno para justificar su actuación en el contrato público a dedo de 1,5 millones en mascarillas que su Ejecutivo adjudicó a una empresa amiga de la familia y por la que su hermano cobró al menos 55.850 euros. El informe lo firma este mismo viernes el viceconsejero de Asuntos Jurídicos y secretario general del Consejo de Gobierno, Fabio Pascua Mateo, designado directamente por la presidenta madrileña. El equipo de Ayuso trata de presentar así el informe como

Pablo Casado quiere “resetear” la acción de Gobierno de Pedro Sánchez si llega a La Moncloa, como si la izquierda no hubiera pasado por el poder. Para ello, el líder del PP prepara una batería de reformas y contrarreformas que deroguen y dejen sin efecto algunas de las principales leyes sociales del Ejecutivo de coalición progresista, pero también la vigente ley del aborto, que fue aprobada hace 11 años por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez del denominado caso Pasarelas por un defecto procesal, al no pedir la Fiscalía en su día la ampliación del plazo de instrucción 6 meses por ser la causa compleja. El origen se sitúa en el polémico límite a los plazos de instrucción, impulsado en 2015 por la mayoría absoluta del PP.