El más alto tribunal civil de Escocia ha declinado pronunciarse sobre si el Parlamento escocés tiene derecho a convocar un referéndum de independencia sin autorización del Gobierno. La ley de Escocia de 1998, con la que se entregaron competencias al Parlamento de Edimburgo y se creó la Asamblea escocesa, estipula que los asuntos relativos a la unidad del país sólo puede decidirlos el Parlamento de Westminster. Para otorgar poderes al Ejecutivo de Escocia, Johnson debería usar la Section 30 order, como hizo David Cameron en el referéndum de 2014
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