El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial dura ya cinco años y cuatro meses. La crisis institucional está provocada exclusivamente por la negativa del Partido Popular a permitir que las Cortes voten a los nuevos vocales, una actitud que ha justificado con todo tipo de excusas. La última era que su desconfianza con el PSOE era tal que necesitaba la mediación del comisario europeo de Justicia, el conservador Didier Reynders. El Gobierno aceptó entonces reunirse en Bruselas bajo la supervisión de Reynders.

La reunión que el comisario de Justicia, Didier Reynders, propuso tener este miércoles en Madrid con los negociadores del PSOE y del PP para buscar un acuerdo que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quedó finalmente aplazada a petición de los 'populares' y tras constatar Bruselas que las partes necesitaban "más tiempo".

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, considera "muy difícil" cerrar un acuerdo con el PSOE para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y deja en el aire la celebración de la tercera reunión con mediación de Bruselas sobre esta tema, prevista para la semana que viene en Estrasburgo (Francia).

En el colmo del delirio, el Partido Popular acaba de afirmar, después de la moción de censura democrática producida en el Ayuntamiento de Pamplona, que preside el único partido de Estado que queda en nuestra “maltrecha” democracia. Después de esta apocalíptica proclama, solo le queda recabar la ayuda de los cien mil hijos de San Luis. Permanezcamos atentos a los futuros acontecimiento para comprobar si realmente somos una democracia consolidada.

La situación en torno al Partido Popular (PP) y su postura sobre la deslealtad constitucional, en contraste con su comportamiento respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), refleja una notable ambivalencia y, sin ninguna duda, hipocresía en su enfoque político.Los populares por un lado proponen una legislación para proteger la Constitución, pero por otro, su acción (o inacción) en la renovación del CGPJ refleja una clara maniobra para proteger sus intereses políticos, incluso a costa de la salud institucional

Desde diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ, hasta el día de hoy, el PSOE siempre ha tenido en su mano arrebatarle de forma democrática al PP su minoría sediciosa de bloqueo. La operativa es muy sencilla. De los 20 vocales que hay que elegir para conformar el CGPJ, el artículo 122.3 de la Constitución establece que 12 deberán ser "Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales", mientras que los restantes 8 podrán ser "abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reprochado al Tribunal Constitucional (TC) que desestimara un recurso de seis jueces españoles que denunciaban el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (,). Los seis presentaron su candidatura en el 2018 para formar parte de este órgano. Según el TEDH, la "falta de justificación" en su decisión a pesar de "la evidente importancia, aparente novedad o rareza legal de los aspectos" planteados por los denunciantes. Justamente,

Más de 1500 días lleva paralizado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una situación que mantiene enfrentados al PP y PSOE, pero que también parece estar a punto de enfrentar de nuevo a los partidos que conforman el Gobierno de coalición. Y es que, ante las presiones recibidas para intentar «forzar» esta renovación, los vocales más «socialistas» del CGPJ, como Álvaro Cuesta, parecen resistirse a abandonar el cargo (y los 7.500 euros de remuneración)

España acudirá a las urnas a finales de 2023 en un principio, momento en el que asumirá por quinta vez la presidencia de turno de la Unión Europea. Génova empieza a urdir su respuesta contra una pata clave en la estrategia de Pedro Sánchez para la futura campaña electoral y elevará a la UE su proposición de ley orgánica para la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un plan que, sin embargo, ocultará las 25 excusas que el Partido Popular ha puesto desde 2020, en tiempos de regencia de Pablo Casado.