En octubre de 2012, el entonces Director General de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces, hoy acusado de prevaricación ambiental precisamente por haber aprobado los proyectos de explotación y plan de restauración de Varilongo un año antes, en 2011, sin someterlos al proceso de evaluación ambiental. impacto, emitió resolución aprobando el “Proyecto de instalación de la planta de tratamiento de minerales metálicos del Grupo Mineiro Santa Comba” de junio de 2012.

El Tribunal Supremo sentenció en firme que en Andalucía existió durante más de una década un sistema de ayudas que, en la práctica, desembocó en un descontrol total en la adjudicación de casi 700 millones de euros. El dinero tendría que haber ido a empresas y trabajadores, pero fue repartido de forma arbitraria. Las condenas variaron entre la inhabilitación del delito de prevaricación y la cárcel de la malversación: el expresidente andaluz José Antonio Griñán, entre otros, fue condenado a seis años de prisión y el también exmandatario...

La Comisión Europea quiere eximir de controles y sanciones medioambientales para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a pequeñas explotaciones agrarias de menos de 10 ha, para aliviar aún más su carga administrativa. Así lo adelanta la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen al primer ministro polaco Donald Tusk, en conversación telefónica previa a la presentación formal de la propuesta. El Ministerio de Agricultura ha enviado a las comunidades autónomas una propuesta para revisar el plan estratégico de la PAC en España.

La empresa ha mandado a "una abogada de Madrid con un poder especial que no tenía ni la más remota idea" de contestar a las preguntas que le han hecho las partes, pues "no sabía" ni quiénes son los titulares reales de la mina ni quién está detrás del proyecto. "No sabía absolutamente nada", se queja.No se conoce la identidad de los titulares reales de la mina, "el control de empresa pantalla Metais Estratéxicos SL, con un capital de apenas 3.000 euros, se ejerce a través de empresas interpuestas situadas en jurisdicciones opacas y paraísos...

Una jueza de Madrid ha decidido mandar al banquillo al periodista Carlos Sosa. Será juzgado por varios delitos de odio, acoso y revelación de secretos. La acusación pide para él ¡23 años de prisón!. La jueza ha fijado una fianza civil de 422.500 euros. Todo esto nace de una querella del juez corrupto Salvador Alba, en prisión por fabricar pruebas contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, que es también pareja de Sosa.

El recién ascendido miembro del Ejecutivo de Pere Aragonès carga contra Junts por no aprobar la ley de amnistía en el Congreso y considera que hay “jueces con metralleta” que intentan agujerear el texto

La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia la construcción de un nuevo museo para recordar el legado de la comunidad judía. Ya les ha cedido viviendas públicas y una subvención directa de 56.000 euros

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha exigido este sábado el cese de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por "acusar de prevaricación" al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón -que investiga el 'caso Tsumani' que afecta a Carles Puigdemont-, y ha avanzado que llevará este "hostigamiento" a la Justicia a la Unión Europea.

Amanecieron las costas gallegas en este principio de año nevadas de copos de plástico. Resulta que la Xunta de Galicia estaba informada del vertido desde mediados de diciembre, la llegada a Galicia era cuestión de mareas. Aunque, al parecer, el presidente gallego, Alfonso Rueda, confiaba en que estos plásticos se desplazaran "hasta el quinto pino", como cuando el Prestige, y prefirió guardar el secreto.

El exalcalde de Cáceres ha aceptado una condena de un año y nueve meses, aunque no entrará en prisión.

El caso se archivó en 2019 pero el Ayuntamiento de la localidad sevillana, que ejerce la acusación particular, consiguió el año pasado que la Audiencia Provincia lo reabriera. Se trata de una exregidora popular que ya fue juzgada en 2016 por un presunto cohecho al aceptar un bolso de Loewe a cambio de apoyar una moción de censura en 2005 para expulsar al PSOE del Consistorio local en beneficio del independiente Baldomero Gaviño

El Alto Tribunal rebaja en un año la pena por perjudicar a la constructora del exregidor, Miguel Ángel Ruiz (PRC) y condena también al Ayuntamiento a pagar la indemnización si el acusado es insolvente

El recién estrenado gobierno de Manilva, en la Costa del Sol, formado por un acuerdo PP, Izquierda Unida y VOX, ha designado a Aitor Menoyo como nuevo gerente de Urbanismo. Menoyo, que trabaja como asesor jurídico del Consistorio desde el año 2007, fue condenado en 2022 como autor responsable de un delito de prevaricación administrativa por cooperación junto a la ex alcaldesa Antonia Muñoz, acusada de realizar durante su mandato hasta 749 contrataciones a dedo. Aparte, Menoyo está igualmente implicado en otras causas judiciales pendientes.

Según relató un testigo a la Guardia Civil a raíz de la trama de corrupción que afecta de lleno al PP de Andalucía: "Todo el mundo tiene conocimiento de que los contratos en su mayoría son realizados por afinidad política. Que por este motivo, se sabe que habrían contratado de manera irregular al hermano de la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández (…) y a la fisioterapeuta de la piscina cubierta de Ronda y que le daba sesiones a la alcaldesa (…) y la contratación de B.P., dueña de la guardería donde ha estado su hija."

María Ángeles Túnez ha sido citada a declarar ante el juez el próximo 16 de octubre por un presunto delito de prevaricación. La macrogranja alberga 1888 cerdas reproductoras, no dispone de licencia urbanística que sustente las edificaciones existentes en la parcela, no dispone de Declaración Ambiental Integrada, no dispone de licencia de actividad y no dispone de recursos hídricos lícitos que permitan el suministro de agua ya que la CHS emitió informe desfavorable.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunciará por prevaricación al Consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, de VOX, en el caso de que intente llevar a cabo cualquier tipo de protección de la Pirámide "fascista" de los Italianos, sita en la provincia de Burgos. La misma, que Santonja pretende tramitar como Bien de Interés Cultural (BIC), está dedicada al ejército italiano de Mussolini, "que celebra su terrible y temible papel en el golpe de Estado franquista..."