Santiago Pedraz abrió la puerta el pasado mes de febrero a que un juzgado investigue las maniobras policiales contra la formación y su huella en los medios de comunicación utilizados para difundir bulos. La guerra sucia del Gobierno de Rajoy se apoya en tres vértices: el original, conocido como la Operación Catalunya, las maniobras contra Podemos, y la operación Kitchen para sabotear la investigación judicial de la caja B del PP. Solo los dossieres contra la formación de izquierdas había quedado fuera de una investigación judicial.

Viñeta de Manel Fontdevila sobre la operación Kitchen

Las declaraciones sobre la operación Kitchen han continuado este miércoles en la Audiencia Nacional. Los interrogatorios de Ignacio López del Hierro, empresario y marido de la ex secretaria general del PP y José Luis Ortiz, el ex jefe de Gabinete de la exministra, han girado de nuevo sobre los contactos de esta con José Manuel Villarejo. Ortiz, mano derecha de María Dolores de Cospedal, ha relatado al juez cómo, siguiendo indicaciones, colaba al excomisario en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción refuerza la tesis de que la llamada 'Operación Kitchen' se habría puesto en marcha "tanto por parte de dirigentes del Partido Popular en el Gobierno como desde la cúpula del Ministerio del Interior".

Las pesquisas afectan, según apunta el rotativo portugués a la entidad bancaria Abanca y en concreto a su sede en Oporto “por donde pasarían muchos de estos millones que deberían revertir a las arcas del Estado”. El fraude encontrado en Portugal supera los 300 millones, y en Europa -están en marcha búsquedas en ocho países más- el fraude supera los 1.000 millones.

El magistrado decreta el sobreseimiento para Villarejo y los números dos de Interior y la Policía con Rajoy al no apreciar que llevasen a cabo "alguna actuación" para "perturbarlo en su actuación como letrado"

Noelia Núñez contenta con su elección, ajena al huracán que estaba a punto de arrasarla. Entró en la Puerta del Sol y... fue en un visto y no visto. El equipo de Miguel Ángel Rodríguez funciona como el Mosad. No dejó rastro. No entendíamos. "¡Qué hacen! ¡Que se la llevan! ¡Policía!". Noelia, con los flecos que le colgaban de las piernas, con el mismo vestido que, sin ella saberlo, también llevaba Ayuso, fue secuestrada inmediatamente.

En una resolución de 366 páginas, los magistrados esparcen numerosas críticas hacia el trabajo de los fiscales que, en alguna ocasión, llega a ser tildado de “inepto”. Consideran que hasta los interrogatorios de los cinco detenidos en noviembre no había indicios de los delitos observados por la Fiscalía: tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y corrupción y minimizan las escuchas telefónicas como elementos probatorios.

El coronel de la Guardia Civil José Herrera García-Lora falleció a los 74 años de edad en Granada, ciudad en la que vivía desde hace años. .Durante sus años de mando se produjeron la mayoría de hechos que posteriormente se investigaron en la famosa operación Carioca, en la que estuvieron implicados varios guardias bajo su mando por sus sospechosas relaciones con el mundo de la prostitución en la provincia.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE este martes, el excomisario, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel en esta causa, también pide citar al primer juez que instruyó su causa en la Audiencia Nacional, Diego de Egea. La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que estuvo imputada unos meses en la causa hasta que el juez Manuel García Castellón la sacó en contra del criterio de la Fiscalía, es otra de las testigos propuestas.

Esquerra pide la comparecencia en el Congreso de cuatro presidentes del Partido Popular, además de Grande-Marlaska (actual ministro del Interior), dos jueces, dos fiscales y dos directores del CNI.

El Ministerio Público acumula la denuncia del exjefe de los Mossos contra los mandos policiales del Gobierno de Rajoy que pidieron investigarlo a las diligencias abiertas sobre el espionaje de la policía política al jefe de los fiscales en Catalunya

Dia tras día, no paran de conocerse mas detalles de la implicación, de la cúpula del Partido Popular de Mariano Rajoy, durante toda la Operación Cataluña. Unos detalles de una total implicación del gobierno de Rajoy, que evidentemente están siendo acompañados, por una ola de indignación y de condena. Entre las últimas respuestas mas virales, las redes han vuelto a rescatar estas viejas declaraciones de Iñaki Gabilondo, en las que hace 7 años y haciéndose eco de las primeras escuchas conocidas, denunciaba la operación política...

El momento político ahora es otro bien distinto al vivido en junio de 2016, en pleno Gobierno de Rajoy. Fue en ese momento cuando Público consiguió pruebas irrefutables sobre el concierto entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, el magistrado Daniel de Alfonso, para fabricar escándalos en torno a los dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Convergencià Democrática de Catalunya (CDC), embrión de Junts.

“Es muy preocupante que un gobierno no utilice las fuerzas de seguridad para perseguir delincuentes, sino para perseguir al adversario político, al margen del aval judicial. Y ya no solamente para investigar de manera prospectiva, sino incluso para fabricar delitos y pruebas falsas contra esos adversarios. Este es un asunto muy grave en democracia y creo que se lo debe parecer a cualquier demócrata. Sorprende el silencio del Partido Popular. El PP no puede decir: “Bueno, esto fue hace diez años”. Hace más de diez años acabó ETA y, sin embargo..

El Gobierno y el PSOE no sueltan el hueso de la denominada operación Catalunya, ante la presunta utilización de los resortes del Estado para perseguir al independentismo catalán durante los mandatos de Mariano Rajoy -unos “hechos gravísimos”, a juicio de Pedro Sánchez.La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha denunciado este sábado que estas maniobras del Partido Popular “atentan contra el Estado de Derecho”.

El PP se ha visto obligado a romper su silencio sobre los informes publicados que confirman no solo la existencia de la llamada Operación Catalunya, sino que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó a una unidad parapolicial la fabricación de pruebas contra políticos catalanes. Y lo ha hecho atacando no solo al PSOE, sino también a los medios que han revelado la existencia de dichos documentos. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha tachado de “cortina de humo” las informaciones que ha achacado al “entramado mediático del PSOE

Tampoco la causa en Andorra sobre los movimientos en el principado de la brigada política, que algunos afectados vieron con esperanza, ha prosperado, aunque sigue abierta y con Mariano Rajoy imputado. La razón de la parálisis también estriba en la Justicia española: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimó a finales de 2022 el recurso del expresidente y paralizó la tramitación de la comisión rogatoria que envió la jueza andorrana.

Estados Unidos está reuniendo una coalición naval multinacional para ayudar a salvaguardar el tráfico comercial de los ataques del movimiento Houthi de Yemen. El jueves, el Pentágono dijo que más de 20 países habían acordado ya participar en el grupo, conocido como Operación Guardián de la Prosperidad. Sin embargo, algunos países no han confirmado su participación, mientras que otros han dicho que sus esfuerzos para ayudar a proteger el tráfico comercial del Mar Rojo serán parte de acuerdos navales existentes y no de la nueva operación dirigid

La investigación, ahora conocida como operación Influencer, estalló el martes pasado en Portugal, provocando la renuncia de António Costa, dejando cinco detenidos y varios imputados —entre ellos, altos funcionarios de gobierno—, por lo que la Fiscalía estimó eran delitos de corrupción, prevaricación y tráfico de influencias. Pero al correr de los días, ya despejada la polvareda, los analistas portugueses comenzaron a levantar una pregunta pertinente: ¿de qué se acusa al primer ministro?

La sección tercera atiende el recurso de Gómez de Liaño y revoca la decisión del juez García-Castellón, quien rehusó citar a declarar a la exsecretaria general del PP que supuestamente dirigía el "lobby judicial" encargado de "matar civilmente" a Bárcenas y a su abogado para que no filtraran datos sobre la caja b