La Ley de protección del Personal de Servicio Estadounidense es una ley que tiene como objetivo "proteger al personal militar de los Estados Unidos y otros funcionarios elegidos y nombrados del gobierno contra enjuiciamientos por la Corte Penal Internacional de la que Estados Unidos no es parte". La ASPA autoriza al presidente de los Estados Unidos para usar "todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación de cualquier estadounidense o personal aliado que esté detenido o encarcelado por, en nombre de, o a solicitud de la Cort

Exactamente una semana después de que cabilderos lograran hacer descarrilar la histórica legislación sobre seguridad contra el calor del Condado Miami-Dade, un legislador presentó un proyecto de ley en Tallahassee para bloquear iniciativas similares en el futuro. Y no solo en Miami-Dade. El más reciente de una serie de edictos preventivos de la Legislatura de la Florida, controlada por los republicanos, impediría a cualquier ciudad o condado establecer estándares para proteger a los trabajadores de los crecientes riesgos del calor extremo.

El Congreso ha aprobado la ley de Protección Animal. Unidas Podemos intentó hasta el último momento que la norma incluyera a los perros de caza, pese a la discordia en los últimos meses con el Grupo Socialista a causa de la enmienda que modificaba el texto original de la norma, pero no ha sido posible. Aún así, la formación morada ha votado este jueves a favor y la Cámara Baja ha dado luz verde a la ley con 174 síes y 167 noes.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre casos de corrupción, que sanciona con hasta un millón de euros a las administraciones o las empresas que tomen represalias contra los denunciantes de prácticas corruptas. La norma, que llega con un año de retraso sobre el plazo marcado por la UE, deriva de la directiva europea de filtradores (whistleblowers, en inglés).

El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha abierto diligencias previas por el vídeo difundido en redes sociales por la Real Federación Española de Caza (RFEC) contra la Ley de Protección Animal, una grabación en la que se calificaba a la Dirección General de Derechos de los Animales de "chiringuito" animalista "regado por millones de euros" y se ponía en la diana a su titular, Sergio García Torres. Unos hechos que, resalta la titular, "revisten los caracteres" de un presunto delito de amenazas.

Los derechos de los niños y las niñas deben de estar garantizados en nuestro país.

Organizaciones por la libertad de información alertan de que el anteproyecto de Ley de Protección a Filtradores no supondrá ningún tipo de protección si, entre otros cambios, no contempla una reforma del Código Penal para que los filtradores no sean acusados por revelación de secretos. Llega fuera de plazo y lleno de deficiencias, según denuncian desde la plataforma XNet y desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI). El anteproyecto va en contra de lo dictado por la directiva europea

La norma europea ordena a los Estados miembros que elaboren una ley que disponga canales de denuncia y medidas de protección en entidades públicas y privadas para las personas que informen sobre asuntos relacionados con delitos o irregularidades en compras públicas, servicios financieros, lavado de dinero, financiación del terrorismo, seguridad del transporte, protección ambiental, seguridad nuclear, seguridad alimentaria, salud de los animales o o salud pública, entre otros. Y daba de plazo dos años.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario de Vox contra varios preceptos de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Puestos a dejar a la opinión pública con la boca abierta, es difícil encontrar mejores ejemplos que los que ofrece Alberto Núñez Feijóo. En su mitin de O Pino del sábado, estaba tan contento con tener cerca a Ursula Von der Leyen que se le fue la pinza al referirse a los comicios del 23 de julio, “donde ganamos las elecciones y no nos dejaron gobernar”. ¿No les dejaron gobernar? Pero esto es muy grave. ¿Quién? ¿El Tribunal Supremo? ¿La Guardia Civil?

La llamada Ley Mordaza avala que se pueda cachear a una persona si existen indicios racionales de que está ocultando un delito. Y como la tenencia de cannabis es considerada siempre como ilícita, la policía cree que es indicio racional cachear a un socio de un club cannábico a la salida de su sede social.

El más grave de los crímenes internacionales comenzó a perseguirse en la década de 1940 tras las atrocidades del Holocausto. Pero se tardaron décadas en condenar a alguien por genocidio. Convertido en un arma política, la masacre de Ruanda fue la primera vez en la historia que un tribunal internacional condenó a alguien por genocidio, un crimen cuya definición sólo se formalizó tras el Holocausto.