Los abogados de Santos ya han recibido la documentación en el caso federal de fraude y lavado de dinero en su contra. Los documentos no se dieron a conocer, como es común durante esta etapa de un caso. La audiencia de apenas cinco minutos en un tribunal de Long Island se centró en el calendario del caso, con la próxima fecha de la corte fijada para el 7 de septiembre. Santos no habló en la corte, ni con los periodistas. El republicano de Nueva York, conocido por fabricar partes clave de la historia de su vida, está a la espera de juicio.

El Congreso ha aprobado la Ley contra el fraude fiscal que establece la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso del efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional y el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav.

Caso OpenLux: Investigación internacional desvela el uso de Luxemburgo como paraíso fiscal por parte del gran capital. Relacionado: menea.me/223p6

De los 74.883 millones que los madrileños se han ahorrado entre 2004 y 2023 por las rebajas fiscales, estos dos impuestos suman 62.766 millones, el 83% del total. Es decir, que solo dos impuestos se llevan ocho de cada diez euros de ahorros fiscales. Si nos centramos en el último año, 2023, los madrileños se han ahorrado 6.948 millones de euros gracias a todas las rebajas fiscales que están en vigor. Y estos dos impuestos, Sucesiones y Donaciones, y Patrimonio, suponen 5.069 millones, el 73% del total.

El escrito del representante del Ministerio Público sostiene que la acusación popular de Vox "pretende construir una suerte de razonamiento incriminatorio"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha criticado este jueves que el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, lo sometió a un “tribunal de honor” al acordar su reprobación y ha rechazado dimitir. “Venimos aquí a intentar cambiar este país, con mucha honestidad, llenos de ganas e ilusión. No nos pueden quitar la ilusión ni las ganas. Eso es lo que nos da fuerza (...). Cambiar dinámicas en estructuras tan conservadoras como son la carrera fiscal, como es la Justicia en este país, sabíamos que tenía un coste.

Negar la existencia de un delito fiscal de su novio. Acusar a la Agencia Tributaria de realizar una inspección fiscal “salvaje” a Alberto González Amador. Denunciar una conspiración de los fiscales a las órdenes de Moncloa. Difamar a los periodistas de elDiario.es y El País que intentaban confirmar la existencia de obras no autorizadas en el piso que ambos comparten. La megapresidenta de Madrid hizo todas estas afirmaciones cuando ya tenía que saber que su novio había reconocido a través de su abogado en febrero la existencia de dos delitos

El incumplimiento recurrente de los tribunales españoles de la jurisprudencia europea, tal y como ha ocurrido recientemente con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que negó la fijeza a tres trabajadores interinos a pesar de lo indicado por la sentencia del TJUE, ha provocado que la Comisión Europea tenga que responder por escrito al Parlamento Europeo, lo que puede traer como consecuencias sanciones contra España.

El Consejo de Ministros ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, que supuso su ascenso a la máxima categoría del Ministerio Fiscal. El Gobierno cumple así con el fallo emitido el pasado noviembre, en el que los magistrados concluían que se produjo con "desviación de poder" por parte de su sucesor como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La Consejería de Justicia del Gobierno andaluz requiere al departamento de Salud "todos los contratos" firmados por Miguel Ángel Guzmán, y le reclama a él documentación sobre su fichaje en Asisa para aclarar si vulnera la ley, como paso previo a elevar el asunto a la Oficina Antifraude

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley para la creación de un nuevo impuesto sobre activos no productivos y la elaboración de un Plan de Lucha contra el Fraude. El principal partido de la oposición a Isabel Díaz Ayuso presenta estas iniciativas en el marco del estallido del caso de presunto delito fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

Esto los economistas convencionales no lo entienden: en España el gasto público no deja de crecer pero el déficit público baja; y también lo hace la presión fiscal. No es magia, es buena teoría económica.

La Agencia Tributaria inspeccionó en 2022 a casi 29.000 contribuyentes, pero solo denunció ante la Fiscalía 184 casos, que son los más graves y los que pueden comportar blanqueo, contrabando o delito fiscal, presunto caso de Alberto González Amador. “Cualquiera que ha tenido una inspección sabe que Hacienda hace una acusación y luego él tiene que defenderlo. Es una inspección salvaje, sacada de quicio”. Los datos desmienten la declaración hecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid

Alberto González, novio de Ayuso, reconoce en una carta dos delitos fiscales y uno de falsedad documental pero la presidenta lo niega y acusa a Moncloa.

La pareja de Ayuso presuntamente defraudó a Hacienda con facturas falsas y empresas pantalla

María Jesús Montero, le ha reclamado en concreto que aclare “si está viviendo en un piso que se pagó gracias a un fraude. La número dos de los socialistas ha señalado como “llamativo” que una presidenta de una Comunidad Autónoma “tenga un hermano y ahora un novio relacionados con casos de fraude y comisiones en lo peor de la pandemia”. Y ha arremetido directamente contra el líder del PP por su falta de contundencia en este caso. “Feijoo habla con la boca pequeña porque le da miedo denunciar la presunta corrupción en torno a la señora

La investigación del Seprona se remonta a un control de carretera en el acceso al puerto de Rande, donde se descubrió la captura y comercialización de pez espada sin la documentación correspondiente. Este hallazgo condujo a la identificación de Salvatore Vetrano y Anna Bruno como presuntos responsables, así como a la ubicación de su empresa, Pescados y Mariscos La Italianna, en Vigo. Según el Seprona, Vetrano utilizaba las compras de pescado para el blanqueo de dinero, transportando efectivo desde Italia con camioneros vinculados a la mafia.