La "convalidación de gasto" permitió abonar servicios sin fiscalización previa, beneficiando a la Fundación Jiménez Díaz con 22,69 millones al mes durante un año y medio. Esta fórmula legal para casos urgentes, empleada sin restricciones por el Ejecutivo de Ayuso, ha levantado críticas y sospechas al favorecer al principal beneficiario de la privatización sanitaria en Madrid. Rel: menea.me/2c2gg

La denuncia de esa aplicación de la mayoría absoluta por parte del PP no ha sido exclusiva del PSOE. Al contrario. La rueda de prensa de portavoces de este lunes ha sido un rosario de quejas al respecto que ha unido a todos los grupos de la oposición, de Vox a Más Madrid. Porque la comisión de vigilancia de las contrataciones, que fue un elemento distintivo de la Asamblea cuando echó a andar, es fundamental para la labor de la oposición. Allí se deben poder conocer los pormenores de todos los gastos del Ejecutivo regional.