El caso Mediador ha dejado al descubierto hasta qué punto los diputados están exentos de fiscalización más allá de su actividad pública, así como la cantidad de puntos ciegos de los que pueden beneficiarse para desarrollar acciones presuntamente ilícitas. El PSOE exigió la entrega de su acta de diputado a Juan Bernardo Fuentes Curbelo hace casi dos semanas y, ni antes ni después, ninguno de los escasos mecanismos de control del Congreso de los Diputados ha entrado en funcionamiento.
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