PNV y PSE han externalizado la Estrategia Vasca de Empleo 2030, la última reforma de la Ley sobre la Garantía de Ingresos y la reciente transferencia de la competencia del Ingreso Mínimo Vital. Medio centenar de contratos públicos por valor de 12,4 millones de euros desde 2014 a una docena de consultoras. De entre ellas, tres han sido sancionadas por la CNMC y otras están siendo investigadas por la AVC debido a irregularidades en la contratación.

El día 1 de noviembre el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies daba a conocer la enmienda transaccional con la que los grupos parlamentarios del PSOE y de Cs pretendían privatizar la gestión de los procedimientos administrativos de declaración responsable, atribuyendo las funciones de informe, certificación e inspección a las Cámaras de Comercio y a los Colegios Profesionales, pero también, a cualquier tipo de entidad privada habilitada a tal efecto, arrinconando con ello a los funcionarios públicos.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha externalizado la acción legislativa, dejando en manos de empresas privadas la redacción de todo tipo de leyes y planes estratégicos. No es un caso aislado, se trata de más de una docena de leyes y al menos ocho planes, que van desde la Ley de Salud Pública hasta la Estrategia Vasca de Empleo. Hay casos escandalosos, como que se encargue a una empresa no solo una ley, sino las respuestas a las enmiendas de la oposición. ¿Para qué están, entonces, los parlamentarios de los partidos del Gobierno y sus asistentes?