El día 1 de noviembre el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies daba a conocer la enmienda transaccional con la que los grupos parlamentarios del PSOE y de Cs pretendían privatizar la gestión de los procedimientos administrativos de declaración responsable, atribuyendo las funciones de informe, certificación e inspección a las Cámaras de Comercio y a los Colegios Profesionales, pero también, a cualquier tipo de entidad privada habilitada a tal efecto, arrinconando con ello a los funcionarios públicos.
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