Tras la catástrofe, la empresa exigió a la Mancomunidad de Debabarrena la devolución de una fianza depositada como garantía de un contrato que no podía cumplir desde febrero del 2020. La gestora del vertedero había recibido cientos de miles de euros en contratos públicos de esta entidad pública. Otra de las entidades públicas que adjudicó contratos a Verter Recycling era la Mancomunidad de Debabarrena, entonces presidida por Arcadio Benítez, un exedil del PSE del Ayuntamiento de Eibar.

Los «dedazos» políticos en entidades públicas no son una novedad. Colocar a personas afines al mando de empresas públicas con astronómicas retribuciones anuales es algo muy repetido cuando se llega al poder. Este es el caso de ENUSA Industrias Avanzadas S.A., una sociedad dedicada a la explotación del uranio propiedad del Gobierno de España. Al frente de ENUSA está desde 2018, José Vicente Berlanga Arona, un íntimo amigo del exministro José Luis Ábalos Meco colocado en la presidencia de la empresa energética tan solo un mes después de la llegad

Algunos vende-humos claman contra los abusos de la banca exigiendo una banca pública, sin ruborizarse por el hecho de que el primer banco de España tenga una altísima participación accionarial del Estado. Son los mismos que piden la creación de una empresa pública de energía sin explicar que Endesa, la mayor eléctrica del país, ya es una empresa pública propiedad del Estado Italiano. Los miles de trabajadores de las fábricas de la Citroën en Vigo o de la Opel en Zaragoza son explotados en buena parte por el Estado Francés, principal accionista.

La nueva entidad asumirá el transporte sanitario a partir del 31 de marzo, fecha en la que finaliza el contrato con Ferrovial, y posteriormente, el 112

ERC y PNV rechazan la propuesta de crear "Producción eléctrica española" para gestionar las concesiones hidraúlicas que venzan. Ribera prepara cambios en la tarifa regulada: 10,6 millones de consumidores

¿Conocéis el deporte nacional de las licitaciones «fake» y los empresarios que «compiten» consigo mismos

Se trata de una medida a largo plazo con el objetivo de tener más capacidad para frenar las escaladas en el precio de la luz que se puedan producir, como la que se está viviendo en la actualidad.

Durante los últimos años, el Gobierno del PSOE ha ido colocando a distintos miembros del partido al frente del variopinto entramado de empresas públicas. En este vídeo repasamos los principales nombramientos y sus muy cuantiosas remuneraciones.

España pasó de tener 130 empresas públicas en 1982 a tan solo 16 en el 2016. Esto nos convirtió en el país de la UE con menos empresa pública.

Lorena del Río, arquitecta y esposa del mejor amigo de Pedro Sánchez, Ignacio Carnicero, acaba de encontrar acomodo en la Administración, como ya hiciera su marido. Ha sido colocada como directiva en la empresa pública Segipsa, dependiente del Ministerio de Hacienda. En el currículum oficial de la arquitecta, de 39 años de edad, no aparece trabajo alguno en la línea del cargo directivo que le han otorgado, relativo a la gestión inmobiliaria. Su experiencia profesional se circunscribe al despacho que fundó con su marido y su trabajo como profes

Belarra le cita a Robles los nombres de 3 empresas israelíes con las que España mantiene la compraventa de armas

Solo el streaming del acto supuso 3.000 euros de gasto que se pagó a una empresa de Jaume Roures. También se destinó dinero a maquillaje (una sesión de belleza por 135 euros) y seguridad. Todo a costa del erario público

Entre otras cosas, la ley imponía desarrollar a las empresas de 50 empleados o más y para antes del 2 de marzo, un protocolo antiviolencia LGTB basado en un desarrollo reglamentario. Pero se llegó a esa fecha y el gobierno no publicó el reglamento, incumpliendo su propia norma y llevando la incertidumbre e inseguridad jurídica a las empresas.

Confrontar no es ponerle una alfombra roja a la internacional neofascista como hicieron las grandes empresas españolas

Estos elementos interconectados refuerzan las estructuras de poder que limitan la verdadera democracia y centralizan el control económico. Desde un punto de vista económico el Totalitarismo Invertido utiliza tres herramientas interrelacionadas: la financiarización de nuestras vidas, la extracción de rentas sin límites, y los acuerdos público-privados.

El dinero derivado a conciertos ya alcanza los 9.274 millones de euros, 1.359 millones más que en 2017. Mónica García presentó el lunes el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, con sistema de alertas y colaboración “para frenar comportamientos ilícitos y fraudulentos". Mareas Blancas insiste en que sería necesario derogar la ley 15/97 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y artículos de la Ley General de Sanidad que abrieron la puerta al desembarco masivo de empresas en la sanidad pública.