La separación de poderes del Estado es uno de los principios fundamentales de cualquier sistema democrático y consiste en que cada uno de ellos, ejecutivo, legislativo y judicial, debe ser ejercido por órganos distintos, los cuales, además, se relacionan entre sí a través de un sistema de controles y equilibrios que garantice que ninguno ostenta un poder absoluto ni arbitrario.

Lo mismo que hay un Gordo de Navidad, hay un Gordo judicial, si bien con la particularidad de que es un Gordo inverso que consiste en que no te toque nada pese a llevar muchas más papeletas que el batallón de subordinados tuyos a los que, en cambio, sí puede que les toque la pedrea de unos cuantos años de cárcel. Esperanza Aguirre es una mujer con suerte, aunque la suya sea una suerte bajo sospecha de tongo.

El PP y el PSOE pactaron en 2018 una lista donde tres de los ocho juristas habían sido cargos de ambos partidos. Sánchez asume que el “criterio de idoneidad” no será el problema y exige al líder popular que vuelva “a la senda constitucional”

La ministra de Trabajo asegura que su nueva ley «también tiene un impacto de género, pero en positivo» ...ha asegurado este sábado en Vigo que la reforma laboral del actual Ejecutivo central de coalición está corrigiendo las consecuencias de la aplicada por el gobierno de Mariano Rajoy, que tenía «impacto de género» y castigó especialmente a las mujeres. «Ellas fueron víctimas» de una reforma laboral que «precarizaba especialmente servicios y actividades que tienen nombre de mujer», ha continuado la ministra, quien ha asegurado que se trató...

Parecía que no iba a llegar y que todo eran eslóganes. Ya nos habían sorprendido mucho con el impuesto a las eléctricas y a la banca, lo que despertó la furia de los grandes medios de comunicación con banners de publicidad de Iberdrola y el Banco Santander. La correlación de fuerzas dentro del Gobierno de coalición parecía que no daba mucha cancha a Unidas Podemos, que llevaba reclamando un impuesto a las grandes fortunas desde que, en mayo de 2020, los efectos de la pandemia empezaran a hacer mella en las cuentas públicas.

Reynders se reunió con Pons y no con el Ejecutivo antes de viajar a España, algo que La Moncloa ve como una prueba de parcialidad que inutiliza cualquier papel mediador del comisario.

Veteranos comisarios de policía a las órdenes del Gobierno del PP comenzaron el 12 de septiembre de 2012 a elaborar informes anónimos salpicados de pruebas falsas para desacreditar con gruesas acusaciones de corrupción a los principales políticos independentistas, a varios editores de periódicos, a jueces y a fiscales de Cataluña.

Joaquín Pérez se sustenta en las últimas cifras de la Seguridad Social, que reflejan “cómo se disparan las bajas en los contratos indefinidos. En concreto, llaman la atención dos variables. Sobre todo, la de personas que causan baja por no superar el período de prueba. Estos casos se han multiplicado por 9 con respecto al año pasado, antes de que entrara en vigor la reforma laboral. El período de prueba dura, en función de los puestos, entre dos y seis meses. Por lo tanto, es el artificio perfecto para hacer contratos basura con cara de indefin

Ampliar el periodo de cálculo a 35 años supondría un recorte medio de las pensiones de un 8,2%. Ahora bien, si se eliminan los años más desfavorables, el resultado sería parecido a la situación actual.

"El Estado se divide en tres poderes: el ejecutivo (Gobierno), el legislativo (Parlamento) y el judicial (jueces). Sí, has leído bien: el poder judicial lo detentan los jueces. Cada uno de los 5.692 jueces SOMOS poder judicial. (...) El CGPJ sería quien nos organiza (...) De todas las funciones que cumple hay dos que interesan especialmente a la clase política: régimen disciplinario (sanciones a los jueces) y nombramientos y ascensos de jueces. Esta última es en su mayor parte reglada (objetiva, por antigüedad) Pero una pequeña parte de estos"

El Gobierno no quiere presionar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y excusa que incumpla la ley al no designar hoy a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. El plazo de la norma que aprobaron las Cortes concluía el 13 de septiembre. En el Ejecutivo se muestran convencidos de que el órgano de gobierno de los jueces hará su designación “en los próximos días” y minimizan el hecho de que esté saltándose la ley desde este mismo martes. “El Gobierno no contempla otro escenario que el órgano de gobierno de los jue...

El choque institucional entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones suma un nuevo episodio, este definitivo. Todo, a propósito de la frustrada elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces. El pleno extraordinario convocado este jueves para hacer esas designaciones acabó sin acuerdo. Los vocales ni siquiera llegaron a debatir sobre posibles candidatos en cuatro horas de reunión y se limitaron a fijar unas “reglas de procedimiento”.

Por su parte, el sector más conservador del Poder Judicial, que es mayoritario, mantiene el pulso al PSOE por la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) (dos tienen que ser nombrados por el Gobierno y 2 por el CGPJ). Esta renovación es vital, ya que cambiará la mayoría en el tribunal de garantías, con 7 magistrados progresistas y 5 conservadores, hecho que tendría que permitir al Gobierno que no se le tumben las leyes que aprueba.

El ministro de Seguridad Social anuncia que presentará el mes que viene una propuesta para modificar el sistema de cálculo de la cuantía de las prestaciones de jubilación.

El equipo de Feijóo se desvincula de los acuerdos por escrito firmados por García Egea, tacha de “marrullería política” esa negociación y asegura que hay que volver a “empezar de cero”.

Jose Luís Sastre recuerda las críticas de Ayuso o Feijóo contra la reforma laboral comunista como le llamaban. Reforma que el PP votó en contra y que salió adelante por la equivocación en el voto de un diputado del PP.

Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una batería de medidas sociales, muchas de ellas reclamadas por Unidas Podemos, durante su intervención en el primer Debate sobre el estado de la nación en siete años. La primera propuesta anunciada por el Ejecutivo consiste en la bonificación del 100% de todos los abonos de trenes de cercanías y media distancia operados por Renfe. Serán gratuitos del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

[...] ha presentado este lunes una propuesta siempre y cuando el Gobierno retire la reforma legislativa que le permita hacer una sustitución unilateral de los jueces que les corresponden [...] ha hecho pública su visión para ejercer presión. Y en ella se detalla que la negociación para la renovación del CGPJ se llevará a cabo «en las Cortes Generales [,,,] una vez designados, los vocales del nuevo CGPJ serán los que elijan a su presidente, sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo.

En primer lugar, lo que dice Hacienda significa que asumes que tu modelo redistributivo, el que contendría tu reforma fiscal ideal, solo puede aplicarse en periodos de estabilidad de largo plazo, lo que es tanto como decir que no sirve para el presente ni para el futuro. O sea, asumes que la justicia redistributiva es (cágate lorito) una rémora para la economía, que compromete el crecimiento y la estabilidad en un periodo de incertidumbre. Asumes el dogma neoliberal por antonomasia: la justicia social es un estorbo económico y solo trae penuria