[C&P] El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y rechazar las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados; adentrándose ahora en el debate sobre la petición del PP para suspender urgentemente la tramitación de esas dos enmiendas en el Senado.

En este escrito el GPP ha adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados de la Comisión aseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material".

"Interferirse en la tramitación de una ley es inédito y contrario a la Constitución" José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo

Enrique Arnaldo, uno de los dos elegidos por el PP para convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional, no solo comunicó el 3 de noviembre de 2016 a Ignacio González que se estaba "moviendo" para que el nuevo fiscal general del Estado fuera "bueno" sino que en esa misma charla telefónica le contó algo más: que lo primero era "mover la pieza" principal –la cúpula del ministerio público– pero que luego vendrían los relevos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en Anticorrupción.

El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, pone una vela al CGPJ para que haga sus nombramientos porque, sin ellos, será él quien tendrá que asumir con su voto la decisión de rechazar a los dos magistrados designados por el Gobierno.

La resolución establece 3 cuestiones relevantes. Una, que pone límites a la valoración de los méritos, algo sobre lo que ya existe jurisprudencia (también del Tribunal Constitucional). Dos, que se pueden impugnar indirectamente las bases de un concurso a través de los actos que las aplican. Y tres, y algo especialmente novedoso, que aquellos funcionarios que obtuvieron una plaza en concursos cuyas bases se declaren ilegales posteriormente podrán mantenerla, lo que implica que tendrá que crearse otras plazas para los perjudicados que recurrieron

La Justicia anula las actuaciones que llevaron a la expulsión de NC del registro de partidos al considerar que no se le notificó como es debido la demanda de Interior. Ha logrado su restitución en los tribunales casi un año y medio después de que la Audiencia Nacional declarase su extinción a raíz de una demanda del Ministerio del Interior. Una demanda que tuvo su origen en una serie de irregularidades administrativas y que no le fue notificada a la fuerza política como exige la Ley de enjuiciamiento civil.

Dos de los magistrados del TSJ catalán habían exteriorizado ya en autos previos una toma de postura explícita acerca de cuestiones que fueron objeto esencial del juicio. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha anulado este martes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de octubre de 2020 que condenó a cuatro exmiembros del Parlamento catalán por un delito de desobediencia en relación con la tramitación de iniciativas parlamentarias relacionadas con el proceso independentista que concluyó con el referéndum del 1-O de 2017.

Desde 2012, el Tribunal de Cuentas impone solo diez sanciones por ignorar sus peticiones de información. Otras medidas sancionadoras nunca han sido puestas en marcha por Hacienda, como la retención de tributos, por “dificultades de gestión” y “posible litigiosidad”, lo que las convierte en papel mojado.

Documental que radiografía el sistema de elección, por cuotas políticas, de los jueces y magistrados de los tribunales Constitucional y Supremo y de la Audiencia Nacional. Dirigido por Albert Elfa y Ricard Belis.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto de ahorro energético con el que el Gobierno pretendía limitar el consumo de energía eléctrica.

El Tribunal Supremo británico analizará entre mañana y el miércoles si el Parlamento autónomo escocés tiene competencias para convocar un referéndum de independencia en Escocia sin el consentimiento del Gobierno británico. Sturgeon ha advertido de que si el Supremo concluye que el Parlamento escocés no tiene potestad para actuar sin permiso de Londres -como la mayoría de los expertos vaticinan-, convertirá las próximas elecciones autonómicas en plebiscitarias.

El presupuesto para el Ministerio de Justicia se queda prácticamente igual, con un incremento del 0,3%. Los sindicatos lamentan este dato y advierten de la necesidad de aumentar los recursos. "Es demoledor"

El Tribunal Superior de Madrid ha estimado una petición de medidas cautelares de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales y ha decidido suspender cautelarmente la orden con la que la exfiscal general, Dolores Delgado, obligaba a los fiscales a declarar si preparaban opositores a la carrera fiscal.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este jueves que su partido recurrirá en el Tribunal Constitucional el decreto ley que incluye las medidas de ahorro energético, que a su juicio atenta contra los derechos de los españoles. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Abascal ha afirmado que el Gobierno de coalición está «empeñado en traer ruina, despilfarro e inseguridad» al país y ha asegurado que las medidas de ese decreto ley extiende «las cartillas de racionamiento al campo energético».

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha quedado completamente sola, incluso entre los barones autonómicos de su propio color político, en su batalla judicial contra el plan de ahorro energético elaborado por el Gobierno central.Esta estrategia de batalla legal frontal contra el Gobierno central no ha sido secundada por ninguna otra autonomía, incluida ninguna del Partido Popular, que han rechazado sumarse a las intenciones de comenzar una batalla judicial en contra de las restricciones para cumplir con los mandatos de Bruselas

Confiesa que durante estos años se ha dejado la salud, la energía y mucho dinero en el proceso judicial. Y al final la Justicia le ha dado la razón a Victoria Rosell: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado al magistrado Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por conspirar contra ella.