Casi a la vez que el vicepresidente primero de la Xunta pedía el nombramiento de un comisionado para el corredor atlántico, el Gobierno central hacía público a través de un comunicado que ha elegido a José Antonio Sebastián Ruiz para esa tarea. Lo hace coincidiendo con un encuentro organizado en Santiago en el que se han aliado los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, (ambos del PP) y Asturias, Adrián Barbón (PSOE), para reclamar un impulso a esa red que debería conectar con la europea.

El presidente de Castilla y León y su socio de Vox protagonizaron un duro enfrentamiento el jueves 19 justo antes de la reunión de Gobierno a propósito del polémico protocolo anunciado una semana antes para promover la natalidad. En el choque ambos profirieron duras descalifiaciones y no llegaron a ninguna conclusión sobre las medidas que adoptará la Junta

Mientras se debate sobre la nota de prensa (y no instrucción) de Sanidad relativa al latido fetal y a las ecografías 4D, pacientes recorren kilómetros para radioterapia, los sanitarios hacen equilibrios para cubrir bajas y se restringe la atención rural

El Gobierno levanta la amenaza sobre la Junta de Castilla y León, después de que transcendiera el protocolo con medidas antiabortistas anunciado por Juan García- Gallardo (Vox) el pasado 12 de enero, pero permanecerán vigilantes. Según un comunicado emitido por Moncloa, desde el ejecutivo autonómico han dado respuesta al requerimiento enviado por la administración central y han acatado su contenido.

«Un requerimiento no se puede inadmitir», afirma la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno central sobre las medidas anunciadas el pasado jueves para evitar abortos en esta Comunidad. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha adoptado este acuerdo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que han sido los servicios jurídicos del Ejecu..

La ultraderecha decidió apretar el acelerador y ha acabado fuera de la carretera en cuestión de una semana. Ya fuera por pura estrategia electoral de cara a las elecciones o por un patinazo político, lo cierto es que a Vox se le han atragantado los últimos días, en los que ha visto cómo ha tenido que torcer su brazo ante el PP y cómo medios habitualmente amables, les apretaban las tuercas.

Castilla y León inadmite el requerimiento de Moncloa porque trata un asunto inexistente. Seguimos para bingo.

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox), anunció un “protocolo de latido fetal y registro cardíaco” que, según la Consejería de Sanidad (PP), iba a entrar en vigor el 16 de enero El 16 de enero, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), dijo que no cambiarían el protocolo, aunque mantuvo las medidas anunciadas Vox amenazó con salir del Gobierno pero horas después dijo que solo revisaría el acuerdo de investidura

El método Mañueco, podemos llamar así al experimento de laboratorio consistente en ir tirando con estos compañeros de viaje, va puliéndose día a día. Consiste, ante todo, en tener claro que, aunque Vox posea un programa político real –la vuelta a la Edad Media– del que el PP carece, los populares tienen sin embargo experiencia demostrada en lograr el objetivo final capaz de unir a ambas partes del ser bicéfalo: mantener para la derecha el sillón del poder. Para ello, lo que sea necesario.

Dar cumplimento al pacto de legislatura en Castilla y León podría ser un camino al calvario para los populares y todo un inconveniente para la campaña de Feijóo.

El Gobierno de PP y Vox en Castilla y León ha colapsado seis días después de que anunciase en una rueda de prensa unas medidas que eufemísticamente se denominaron “provida” y de “fomento de la natalidad” pero que en realidad eran antiaborto. En un huracán político que puede acabar con el pacto, el Partido Popular ha impuesto el silencio a sus cargos, ni una filtración, ni un comentario a los medios, cerrojazo informativo.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha declarado que su partido "no dará ningún paso atrás" en el plan antiaborto anunciado en Castilla y León y ha amagado con salir del ejecutivo autonómico si el PP incumple: "Si no se cumplen los acuerdos tendremos que revisar si seguimos en el gobierno", ha dicho.

La propuesta de Vox toca derechos que tienen que ver con la objeción de conciencia de los médicos, con el catálogo de servicios básicos que el Estado debe ofrecer a los pacientes y con el esquema de competencias de las comunidades autónomas, que no pueden tocar dicho catálogo. Los facultativos están cuestionando que tenga sentido una ecografía de alta resolución por debajo de la novena semana de gestación -que es cuando se producen el 75 por ciento de los abortos-, y que dicha prueba sería relevante durante el segundo y tercer trimestre.

Feijóo dejó solo a Alfonso Fernández Mañueco en su investidura. Nunca se opuso en público a la entrada de Vox en la Junta de Castilla y León pero lo plantó para proteger su "moderación" a pesar de bendecir el acuerdo. Nueve meses después, Génova se desvincula tanto como puede de Mañueco y pone a su Gobierno como ejemplo de "todo lo que no queremos".

Después de cuatro días, Mañueco anuncia que no se obligará a médicos y embarazadas a escuchar latidos o examinar ecografías. ¿Podía ser Gallardo tan inepto como para anunciar medidas que no había pactado en su totalidad con Mañueco y el consejero de Sanidad? Tratándose del hombre que fue a una concentración motera en coche oficial para aparecer entre los asistentes con un casco en la mano asumiendo el estatus algo contradictorio de motero pijo, era perfectamente posible. ¿O el inepto era Mañueco por no haber cerrado la crisis el mismo jueves?

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León reitera que se ofrecerá escuchar el latido fetal a mujeres que tengan claro que quieren abortar

El presidente de la Junta de Castilla y León contradice a su vicepresidente y asegura que el plan no tiene como objetivo evitar los abortos y que se primará la elección de la mujer. La polémica en Castilla y León por el protocolo antiabortos propuesto por Vox continúa. Si hace dos días, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, anunciaba que el nuevo plan tenía como objetivo convencer a las mujeres que se plantearan abortar de no hacerlo, ahora el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, le contradice. G

Las Cortes de Castilla y León han aceptado este jueves, sin votos en contra de los grupos parlamentarios, tramitar la proposición de ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas presentada por el PP y Vox para enmendar su error en la votación el pasado 23 de diciembre, cuando aceptaron las enmiendas socialistas al proyecto de ley y tuvieron que votar en contra de sus propios presupuestos en una votación insólita. Relacionada:www.meneame.net/story/no-abstencion-tres-botones-son-demasiados-pp-vox

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, recula y reconoce que en materia de aborto solo hay "pequeñas matizaciones" con respecto a las medidas anunciadas por el vicepresidente de la comunidad Juan García-Gallardo, de impulsar el 'latido fetal' para las mujeres embarazadas que quieran abortar. El PP de Génova juega al despiste y el de Castilla y León obliga a través del consejero de Sanidad a apoyar la propuesta de los de Vox

"Este Gobierno de progreso defenderá los derechos de las mujeres y no permitirá ningún retroceso que atente contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres en este país", ha declarado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.La ministra de Igualdad, Irene Montero, reaccionó a través de su cuenta de Twitter: "Lo llaman moderación, por no decir arrebatar derechos a las mujeres. Estas son las alianzas de Feijóo. Esto es el PP", escribió, contundente.

"No consta que tal modificación de los protocolos de seguimiento del embarazo haya sido aprobada por ninguna sociedad científica, ni consultado a los responsables de los servicios de obstetricia de nuestra comunidad”, ha advertido el procurado de Ciudadanos. “No hay evidencia conocida de los efectos que sobre la madre o el feto pueda tener tal modificación, ni consta tampoco estudios que avalen la pretendida eficacia en la disminución de las interrupciones voluntarias del embarazo”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico instaurará medidas antiabortistas —que la ultraderecha denomina “provida”—, entre las que se incluyen obligar a los sanitarios a ofrecer tres opciones a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo: la posibilidad de escuchar el latido del feto, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a la atención psicológica.