La marcha de Núñez Feijóo para asumir la presidencia del PP da pie para poner de manifiesto el abandono de la Atención Primaria en sus años de presidente de la Xunta de Galicia

El reportaje dirigido por Ricardo Gamaza destapa la trama de instituciones públicas y empresas multinacionales para privatizar el agua en Bizkaia.

El coste inicial para la Generalitat Valenciana de la gestión privada de las pruebas se presupuestó en 167 millones entre el año 2000 y el 2008, pero finalmente esta cifra se rebasó en 100 millones en favor de las empresas adjudicatarias, Eresa, Beanaca e Iscanner, esta última fundada por el ex diputado autonómico del PP Luis Concepción

Mientras el capital privado se enriquece como nunca a costa del desmantelamiento, también sin precedentes de la sanidad pública, el gobierno «progresista» en el más puro estilo trilero, prepara el engaño a la población de la manera más vergonzosa posible mediante la nueva ley sanitaria 1 que preparan: dice derogar la Ley 15/97 (la que permite privatizar la sanidad), cuando en realidad la incluye dentro de la Ley General de Sanidad (LGS).

En el año 2008, asistimos al intento de Gas Natural de comprar Endesa, para así hacer un campeón nacional eléctrico que estuviera al mismo nivel que otras empresas europeas. El Partido Popular se negó a dicha compra porque decía que el precio era bajo y el segundo más importante es que Endesa no podía ser catalana. El PP buscó en la alemana EON la empresa que podía echar abajo la OPA de Gas Natural. En medio apareció la pública italiana Enel, quien fue la que se quedó con Endesa, con el apoyo de Acciona. En 2021 pagamos el precio.

La alcaldesa, Rosa Melchor, califica de “histórica” la firma para la salida de Aqualia del capital social de Aguas de Alcázar, lo que ratifica la remunicipalización de este recurso tras privatizarlo el PP hace siete años. Con esta firma finaliza el procedimiento de liquidación de ese contrato, que se iniciaba el 15 de enero de 2021 con acuerdo del Pleno municipal tras años de lucha en los tribunales.

Año 1996. El recién designado Ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, comenzaba la campaña mediática para que la sociedad aceptase la privatización del sector eléctrico. La propuesta del Gobierno de Aznar para abrir a la competencia la generación de energía eléctrica aseguraba una reducción de tarifas en torno al 3%. Sin embargo, el camino se emprendió en 1986, momento en el que se produjo uno de los primeros cambios cuando el Gobierno de Felipe González introdujo el IVA, que desde entonces carga la factura eléctrica.

El ayuntamiento de Moguer y Aqualia mantienen una larga contienda judicial por las condiciones de la concesión aprobada por la anterior corporación para un periodo de 25 años, mientras se suceden en España las remunicipalizaciones de los servicios de abastecimiento y saneamiento privatizados.

Las comunidades autónomas recurren al argumento del riesgo de colapso de los hospitales para plantear la sanidad privada como alternativa. Hasta nueve CCAA envían pacientes covid y no covid a los centros privados para “liberar recursos” en el sistema público cuando es de sobra conocida la infrautilización de los recursos de la Sanidad Pública así como su sistemático recorte y subfinanciación. Se extiende la política de aprovechar la pandemia para seguir descapitalizando la Sanidad Pública y privatizar por completo el sistema sanitario.