El coste inicial para la Generalitat Valenciana de la gestión privada de las pruebas se presupuestó en 167 millones entre el año 2000 y el 2008, pero finalmente esta cifra se rebasó en 100 millones en favor de las empresas adjudicatarias, Eresa, Beanaca e Iscanner, esta última fundada por el ex diputado autonómico del PP Luis Concepción
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