Irene Montero pide 1.000(mil) millones de euros al año para el Ministerio de Igualdad.

Solo el gasto anual en pensiones y sueldos de políticos y funcionarios roza ya los 300.000 millones de euros al año.

La Casa del Rey ahorró 273.643 euros en 2022, lo que propició que su saldo en las cuentas de tesorería pasara de 5,8 millones de euros del ejercicio anterior a 6,05 millones, depositados en su mayoría en distintos bancos.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz archiva la ‘pieza Drago’, por la que se acusaba a Oleguer Pujol Ferrusola, el benjamín del expresident de la Generalitat, de esconder 3.000 M de € y blanquear a través de operaciones inmobiliarias. El auto señala que, «pese a las diligencias practicadas, no hay base siquiera para apreciar indicio de delito alguno, y los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal«. Era de esperar: testigos conseguidos dentro de una operación ilegal, fondos reservados…

Medio millón de polacos protestaron contra el gobierno nacionalista-populista en Varsovia el domingo 4 de junio, dijeron los organizadores, en una de las manifestaciones más grandes del país desde la caída del comunismo en 1989. Lech Walesa, ex presidente polaco, ganador del Premio Nobel de la Paz y líder de la lucha contra el comunismo, se unió a las figuras de la oposición a la cabeza de la marcha antes de las elecciones legislativas de otoño. La gente viajó de todo el país después de que el ex primer ministro Donald Tusk, jefe del partido de

De la Rosa continúa vendiéndose como una fuente fiable y asegura a Villarejo que le pagaba un millón de dólares en el año. «Me interesa mucho esta colaboración para cobrar», insiste De la Rosa para justificar su persistencia para querer delatar independentistas. Así profundiza en supuestas cuentas en el extranjero, pero empieza por el caso Gescartera, y envuelve La Caixa, donde los Colina y «toda convergencia» salieron beneficiada. También incluye cuentas al Bank of Scotland.

CCOO Madrid exige a los partidos políticos, tras el 28M, la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias madrileñas durante la pandemia. La falta de información y el bloqueo para esclarecer estos gravísimos hechos 3 años después, suponen un déficit democrático intolerable. La Comunidad de Madrid lleva 20 años sin construir ninguna residencia pública y que de las 500 residencias existentes tan solo 25 son públicas, lo que supone un nicho de negocio para las empresas privadas que operan en este sector.

Uno de los puntos negros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso está en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. No solo por los miles de muertos durante la pandemia, tras una orden política para no derivar a los ancianos con Covid-19 a los hospitales en las peores semanas de la crisis sanitaria. También por las condiciones en las que algunos de estos ancianos viven aún hoy.