La factura en asesores y otros trabajos de empresas externas para defender a España de las denuncias de inversores extranjeros por los recortes a las renovables del Gobierno de Rajoy supera ya los 40 M de €. El recorte del Gobierno Rajoy en 2013 vino acompañado de una suspensión a la instalación de plantas de renovables que paralizó este sector durante años. Los fondos que han demandado a España ponen el ojo ahora en la deuda pública, aunque el Banco de España niega ninguna repercusión; hay ya condenas por 1.000 M y otros 2.000 M en juego.
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