Lo que parece una resolución externa que respaldaría las tesis de Peinado y la derecha política, centrada en convertir a Begoña Gómez en piedra angular sobre la que cimentar la caída del líder del Ejecutivo, vuelven a figurar nombres conocidos que sembrarían de dudas un proceso en el que jueces conservadores ligados al PP aparecen recurrentemente.

El informe de la UCO confirma que el empresario al que señalan los ‘populares’ formalizó contratos con entidades de diferente color político, también del PP, y públicas, así como con organismos como el Ejército -concretamente la Unidad Militar de Emergencia (UME)-, la Guardia Civil e incluso Casa Real.