Los decretos de archivo de la Fiscalía recogen un reguero impactante de indicios delictivos relacionados con las actividades privadas de Juan Carlos I. La prescripción de las causas y la inviolabilidad de que goza el rey impiden el camino de la acción penal de la Fiscalía. Pero han dejado a la luz pública una conducta condenable en quien ocupó la jefatura del Estado. La impunidad de sus negocios ilegales y el oportunismo de sus declaraciones voluntarias a Hacienda han causado una impresión profundamente decepcionante en la opinión pública.
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