Uno de los empresarios, Carlos P.G. negó haber firmado ningún documento y denunció que la exdiputada del PP falsificó sus firmas para obtener licencias municipales que le permitirían acometer la reforma de las instalaciones. En la resolución el juez señala que la firma que aparece en el documento fechado en marzo "se asemeja, pero no coincide" con la del denunciante, mientras que la del segundo documento de 2011 "no guarda ningún tipo de semejanza".
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