El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá la última palabra sobre cualquier operación corporativa impulsada por una compañía no española para tomar el control o una participación relevante - por encima del 10% - en las empresas domésticas que sean consideradas estratégicas. Esta especie de 'golden share' se implantó de manera transitoria en los primeros compases de la crisis y luego se convirtió en permanente, pero únicamente para los casos de maniobras propiciadas desde fuera del ámbito de la Unión Europea.
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