La estrategia contempla también una inyección sin precedentes de fondos públicos al lobby minero, encabezado por la Cámara Oficial de Minería, que ya ha recibido millones de euros por acciones de greenwashing en los últimos años. Desde los grupos firmantes exigen que, por el contrario, estos fondos se dediquen a reforzar la capacidad y la profesionalidad de los distintos servicios de inspección y control en el sector minero y a la restauración de explotaciones abandonadas que suponen un riesgo para la salud de personas y ecosistema.
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