Según la propuesta de los servicios jurídicos, no procede la admisión a trámite en la medida que, al suponer un indulto generalizado, “entraría en una contradicción palmaria y evidente” con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes.
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